El martes, el secretario general del PS, José Luís Carneiro, declaró, tras reunirse con el Presidente de la República, que el Partido Socialista no apoyaría los cambios propuestos por el Gobierno a las leyes de inmigración si se mantenían en su forma actual, tal y como se presentaron al Parlamento.

Una fuente declaró a Lusa que el partido pretende que, tras el debate en el pleno del viernes, la legislación no se vote y se remita a la comisión especial.

El PS, por tanto, pretende que el trabajo de mejora se lleve a cabo en la comisión especial y así "eliminar la inseguridad jurídica y constitucional".

El viernes, la Asamblea de la República debatirá y votará, en términos generales, los proyectos del Gobierno para modificar la ley de nacionalidad, el régimen jurídico de entrada, permanencia, salida y expulsión de extranjeros del territorio nacional y la propuesta de creación de la Unidad Nacional de Extranjería y Fronteras en la Policía de Seguridad Ciudadana, un proyecto que ya fue rechazado en la pasada legislatura.

En el primer Consejo de Ministros del 25º Gobierno en plenos poderes, el segundo bajo Luís Montenegro, el ejecutivo aprobó un proyecto de modificación de la ley de nacionalidad, que aumenta el periodo de residencia en Portugal necesario para obtener la ciudadanía (de cinco a siete o diez años, según se trate de ciudadanos lusófonos o no lusófonos).

El Gobierno también prevé la posibilidad de perder la nacionalidad para quienes lleven naturalizados menos de diez años y sean condenados a una pena de prisión igual o superior a cinco años por cometer delitos graves. En cuanto a la concesión de la nacionalidad de origen a los descendientes de extranjeros residentes en Portugal, ahora se exigirá la residencia legal durante un periodo de tres años.

En la ley de extranjería, el gobierno pretende restringir los visados para buscar trabajo a las "actividades altamente cualificadas", limitar el acceso a la reagrupación familiar y cambiar las condiciones de concesión de permisos de residencia a los ciudadanos de Estados miembros de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).

El Gobierno también está revisando un proyecto de ley rechazado en la pasada legislatura que crea la Unidad Nacional de Extranjería y Fronteras, dentro de la Policía de Seguridad Pública(PSP), con competencias para controlar las fronteras aeroportuarias, devolver y vigilar a los extranjeros en territorio nacional.

La IL ya ha expresado su acuerdo con la mayoría de las propuestas, mientras que Chega y el PS han defendido cambios en la legislación del Gobierno -aunque en direcciones opuestas- para hacerlas viables.

Según la Constitución, la legislación que regula la "adquisición, pérdida y readquisición de la ciudadanía portuguesa" adopta la forma de ley orgánica, por lo que cualquier modificación de la ley de nacionalidad deberá ser aprobada, en la votación final de conjunto, por mayoría absoluta de los diputados en servicio activo, es decir, 116 votos, lo que requerirá el voto a favor de las bancadas del PS o de Chega (además de las del PSD y CDS-PP, que suman 91 diputados).