Según el Jornal de Negócios, esta propuesta, si se aprueba, se aplicará a todas las empresas que empleen a menos de 250 personas -lo que corresponde aproximadamente al 99% del total del tejido empresarial en Portugal, que representa la mayor parte del empleo- y, aunque excluye a las grandes empresas, sigue una norma que ya ha sido declarada inconstitucional por violar el derecho a la defensa.

La ley actual dicta que es justa causa de despido el comportamiento "culpable" del trabajador que, por su gravedad o consecuencias, haga "prácticamente imposible el mantenimiento de la relación laboral". Ejemplos de situaciones susceptibles de despido son la desobediencia ilegal a órdenes; la provocación reiterada de conflictos; el desinterés reiterado por las obligaciones de su cargo o puesto de trabajo; las declaraciones falsas para justificar ausencias; cinco faltas injustificadas consecutivas que impliquen pérdida o riesgo para la empresa; diez faltas interpoladas al año; o las "disminuciones anormales de productividad", entre otras.